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Glosario
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Abogado: En Colombia, un abogado es un profesional del derecho encargado de representar, asesorar y defender los intereses de sus clientes en procesos judiciales y administrativos. Los abogados en Colombia deben estar registrados en el Consejo Superior de la Judicatura y cumplir con los requisitos éticos establecidos. Este profesional puede actuar en diversas áreas del derecho, como el derecho civil, penal, laboral, comercial, entre otras
Acción: En el derecho colombiano, la “acción” es el mecanismo legal mediante el cual una persona (natural o jurídica) solicita la protección de sus derechos ante un tribunal o autoridad competente. La Constitución Política de Colombia garantiza acciones específicas como la acción de tutela para proteger derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados.
Acuerdo: Un acuerdo es un pacto entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. En el contexto legal colombiano, un acuerdo puede ser de carácter civil, laboral, comercial o familiar, y puede celebrarse de manera verbal o escrita. Los acuerdos extrajudiciales también son comunes en los procesos de conciliación para evitar litigios largos.
Acto: En el ámbito jurídico, un acto es cualquier hecho voluntario que produce efectos legales. En Colombia, los actos administrativos son emitidos por entidades públicas, generando derechos y obligaciones para los ciudadanos, como las resoluciones, decretos o licencias. El acto jurídico implica la voluntad de generar efectos de derecho.
Administración: La administración en derecho colombiano tiene diversas acepciones, pero generalmente se refiere a la gestión de bienes, recursos o entidades, tanto públicas como privadas. En derecho público, la administración se refiere a las funciones del Estado y sus organismos. En derecho privado, se refiere a la gestión de patrimonios o empresas.
Agravante: Un agravante es una circunstancia que aumenta la responsabilidad o la pena de una persona que ha cometido un delito. En el Código Penal colombiano, existen agravantes específicas que pueden endurecer la condena, como el uso de violencia, reincidencia, abuso de autoridad o la comisión del delito en contra de menores de edad.
Alegato: El alegato es una exposición oral o escrita presentada por las partes en un proceso judicial, donde argumentan sobre los hechos y las pruebas en busca de influir en la decisión del juez. En Colombia, los alegatos de conclusión son presentados al final de un juicio, antes de que se dicte sentencia.
Alzada: La alzada es el recurso que se interpone contra una resolución judicial para que sea revisada por un tribunal de mayor jerarquía. En Colombia, este recurso se presenta, por ejemplo, ante el Tribunal Superior de Distrito, cuando una de las partes no está conforme con el fallo de primera instancia emitido por un juzgado.
Amparo: En Colombia, el amparo de derechos es una figura relacionada con la acción de tutela, una herramienta constitucional que permite a los ciudadanos reclamar ante un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando consideran que han sido vulnerados. Es un recurso expedito y de rápida resolución.
Apelación: La apelación es un recurso legal mediante el cual una de las partes de un proceso solicita a una instancia superior la revisión de una sentencia o resolución judicial. En Colombia, el recurso de apelación es fundamental para garantizar el derecho a la doble instancia, consagrado en la Constitución.
Arrendamiento: El contrato de arrendamiento en Colombia es un acuerdo en el cual una persona (arrendador) concede a otra (arrendatario) el uso y goce temporal de un bien a cambio de una contraprestación económica. Este contrato puede ser de bienes inmuebles o muebles, y está regulado por el Código Civil y el Código de Comercio, según corresponda.
Audiencia: Una audiencia es un acto procesal donde se escuchan las partes involucradas en un litigio ante un juez o tribunal. En Colombia, las audiencias son etapas clave en los procesos judiciales y pueden ser de varios tipos, como audiencia inicial, audiencia de pruebas o audiencia de fallo, dependiendo del tipo de proceso.
Autoridad: En el ámbito legal, la autoridad es la facultad legítima de una persona o entidad para ejercer poder sobre otros. En Colombia, las autoridades incluyen organismos públicos y funcionarios como jueces, alcaldes, la policía, y cualquier entidad que tenga poder de decisión sobre los ciudadanos o sus derechos.
Causa: la causa es el motivo o fundamento legal por el cual se inicia una acción judicial o se adopta una medida legal. Es indispensable que toda acción judicial tenga una causa legítima, la cual puede basarse en la violación de derechos, la existencia de una obligación incumplida o la necesidad de solucionar un conflicto.
Cédula: La cédula en Colombia es el documento de identidad oficial que acredita a una persona como ciudadana. En el contexto jurídico, la cédula de ciudadanía es fundamental para la identificación en procesos judiciales, notariales y administrativos.
Citación: la citación es el acto mediante el cual una autoridad judicial o administrativa notifica formalmente a una persona para que comparezca en un proceso. En Colombia, la citación puede ser realizada de manera personal, por correo o mediante edictos, dependiendo del caso.
Código: Un código en derecho es un conjunto ordenado de normas que regulan una materia específica. En Colombia existen varios códigos importantes, como el Código Penal, Código Civil, Código de Comercio y el Código General del Proceso, que establecen las reglas para diferentes áreas del derecho.
Coherencia: En el derecho, la coherencia se refiere a la consistencia lógica y normativa que deben tener las leyes, decisiones judiciales y argumentos jurídicos. En Colombia, la coherencia en los fallos judiciales es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la predictibilidad del sistema judicial.
Competencia: la competencia se refiere a la capacidad legal que tiene un juez o tribunal para conocer y resolver un determinado asunto judicial. En Colombia, la competencia se asigna según la materia, el territorio y la cuantía del caso, y está regulada por el Código General del Proceso.
Constitución: la Constitución Política de Colombia de 1991 es la norma suprema del ordenamiento jurídico colombiano. Establece los derechos fundamentales, la organización del Estado y los principios de convivencia. La Constitución prevalece sobre cualquier otra ley o acto administrativo, y cualquier norma que la contradiga puede ser declarada inconstitucional.
Contrato: un contrato en el derecho colombiano es un acuerdo legal entre dos o más partes que crea obligaciones y derechos recíprocos. Se celebra de acuerdo con el Código Civil Colombiano y el Código de Comercio, dependiendo de la naturaleza del contrato, ya sea civil o comercial. Los contratos pueden ser escritos o verbales, aunque los más importantes (como los de compraventa de inmuebles) deben constar por escrito. Para que un contrato sea válido, debe contar con el consentimiento de las partes, un objeto lícito y una causa justa. En Colombia, los contratos son esenciales para regular transacciones comerciales, laborales y civiles.
Control: en el derecho colombiano, el control se refiere a la supervisión y verificación del cumplimiento de normas o actos por parte de las autoridades competentes. Existen diferentes tipos de control, como el control fiscal, ejercido por la Contraloría General de la República, y el control de constitucionalidad, realizado por la Corte Constitucional, que verifica que las leyes y actos administrativos sean compatibles con la Constitución. Este concepto es esencial en el sistema jurídico colombiano para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones y la legalidad de las acciones públicas y privadas.
Convención: una convención es un acuerdo formal que puede tener múltiples interpretaciones en el derecho colombiano. En el derecho internacional, una convención es un tratado entre dos o más estados, que en Colombia tiene rango constitucional al ser aprobado por el Congreso de la República. En el ámbito contractual, una convención también puede ser un pacto entre partes, como los convenios colectivos de trabajo entre empleadores y sindicatos, regulados por el Código Sustantivo del Trabajo.
Corte: en Colombia, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, encargada de interpretar y aplicar las leyes en casos civiles, laborales y penales. También existen la Corte Constitucional, encargada de la interpretación de la Constitución, y el Consejo de Estado, que se encarga de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las decisiones de estas cortes son vinculantes y sientan precedentes en el ordenamiento jurídico colombiano.
Cuasidelito: el cuasidelito es una figura del derecho colombiano que se refiere a actos ilícitos no intencionales que causan daño a otra persona. Se diferencia del delito en que no hay intención dolosa, pero igualmente genera responsabilidad civil. Por ejemplo, un accidente de tránsito causado por negligencia es considerado un cuasidelito, y quien lo comete debe indemnizar a la víctima por los daños causados. Esta figura está regulada por el Código Civil Colombiano
Daño: el daño en el derecho colombiano hace referencia al perjuicio o detrimento que una persona sufre en sus bienes, derechos o intereses. Puede ser de naturaleza material, moral o psicológica, y es fundamental en la responsabilidad civil y penal. El Código Civil y el Código Penal establecen que el causante de un daño, ya sea por acción u omisión, debe indemnizar a la víctima para restablecer el equilibrio. La existencia del daño es un requisito indispensable para que se configure la responsabilidad civil.
Declaración: una declaración es una manifestación de hechos o actos realizada por una persona ante una autoridad judicial o administrativa. En el contexto procesal colombiano, las declaraciones pueden ser orales o escritas y son fundamentales en la formación de pruebas dentro de un proceso. Por ejemplo, la declaración de testigos es una prueba crucial en los procesos civiles y penales.
Demandante: El demandante en derecho colombiano es la persona natural o jurídica que inicia una acción judicial en busca de protección de un derecho que considera vulnerado. El demandante presenta una demanda ante el juez competente para que se reconozca su derecho, ya sea en procesos civiles, laborales, administrativos o penales.
Demandado: El demandado es la persona contra quien se dirige una demanda en un proceso judicial. En Colombia, el demandado tiene derecho a la defensa y a presentar pruebas que contrarresten los hechos expuestos por el demandante. Su posición en el proceso es la de parte pasiva, y puede recibir una condena o absolución según lo determine el juez.
Demanda: una demanda es un escrito formal mediante el cual una persona solicita la intervención de un juez para la protección de un derecho. En Colombia, la demanda es el punto de partida de la mayoría de los procesos judiciales y puede presentarse en áreas como el derecho civil, laboral, administrativo y penal. En ella, el demandante debe especificar los hechos y fundamentos de derecho que justifican su reclamación.
Derecho: el derecho en Colombia es el conjunto de normas, principios y reglas que regulan la conducta de las personas y las relaciones entre ellas. El derecho colombiano se divide en ramas como el derecho civil, derecho penal, derecho laboral y derecho administrativo, cada una regulada por sus respectivos códigos y leyes. El derecho busca la justicia, la seguridad jurídica y el bienestar social en el país.
Desistimiento: El desistimiento es la renuncia voluntaria de una parte a continuar con una acción o procedimiento judicial. En el derecho colombiano, el desistimiento puede darse en cualquier etapa del proceso antes de que se dicte sentencia definitiva. Al desistir, el demandante renuncia a su reclamación, lo que en algunos casos puede terminar el proceso.
Detención: La detención en Colombia es la privación temporal de la libertad de una persona por orden de una autoridad competente. Puede ser preventiva, en el caso de sospechosos de delitos graves, o como resultado de una sentencia condenatoria. La detención preventiva está regulada por el Código Penal y la Constitución Política de Colombia, que garantiza los derechos fundamentales de los detenidos, como el debido proceso.
Diligencia: Una diligencia es un acto procesal que se lleva a cabo dentro de un procedimiento judicial para el desarrollo del proceso. En Colombia, las diligencias judiciales pueden ser de diversa índole, como inspecciones judiciales, toma de declaraciones o audiencias. Las diligencias son esenciales para recopilar pruebas y avanzar en los procesos judiciales.
Disposición: En el derecho colombiano, una disposición es una norma o mandato establecido por una ley, reglamento o acto administrativo. Las disposiciones pueden ser de carácter general, como una ley promulgada por el Congreso, o particular, como una resolución administrativa emitida por una autoridad local.
Documento: En el derecho colombiano, un documento es cualquier escrito que sirve como prueba de hechos o actos jurídicos. Los documentos pueden ser públicos o privados, y su valor probatorio depende de su autenticidad y de las circunstancias en que fueron emitidos. Ejemplos de documentos incluyen contratos, escrituras públicas, actas notariales, entre otros.
Ejecución: la ejecución es el procedimiento mediante el cual se cumple una sentencia judicial o un acto administrativo. En el derecho colombiano, la ejecución forzosa puede requerir la intervención de autoridades como los jueces o la policía para asegurar que las órdenes judiciales sean cumplidas. La ejecución puede incluir embargos, desalojos o pagos forzosos de deudas.
Ejecutoriedad: la ejecutoriedad se refiere a la cualidad de un acto o resolución que permite su cumplimiento forzoso. En Colombia, una resolución judicial o administrativa adquiere ejecutoriedad cuando ha sido debidamente notificada y no admite más recursos ordinarios, lo que permite a la autoridad competente proceder con su ejecución.
Emplazamiento: El emplazamiento es el acto mediante el cual se notifica formalmente a una persona para que comparezca en un proceso judicial. En el derecho colombiano, el emplazamiento es obligatorio en casos donde el demandado no ha podido ser localizado para ser notificado personalmente, y se realiza mediante edictos o publicaciones en medios oficiales.
Entidad: Una entidad en el derecho colombiano es una organización o institución que tiene personalidad jurídica propia. Pueden ser públicas o privadas, y tienen capacidad para actuar legalmente, celebrar contratos y ser parte en procedimientos judiciales. Ejemplos de entidades públicas incluyen ministerios, alcaldías y empresas estatales.
Estado: El Estado colombiano es una forma de organización política que ejerce soberanía sobre un territorio definido, asegurando la aplicación de las leyes y la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En Colombia, el Estado social de derecho se rige por la Constitución Política de 1991, la cual establece la estructura del Estado, dividiéndolo en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Esta división garantiza el principio de separación de poderes, y cada una tiene funciones específicas para asegurar el orden y la justicia en el país.
Estatuto: un estatuto en Colombia es el conjunto de normas que regulan una entidad o situación jurídica específica. Un ejemplo clave es el Estatuto Tributario, que establece las normas fiscales y los deberes impositivos de los contribuyentes en el país. Los estatutos pueden ser nacionales, como los Estatutos de Autonomía, o específicos de una entidad, como los estatutos internos de una organización, y son fundamentales para el ordenamiento jurídico colombiano.
Excepción: En el derecho procesal colombiano, una excepción es un mecanismo de defensa que alega que no se cumplen los requisitos legales para la continuación de un proceso. Las excepciones pueden ser de fondo o de forma, y buscan la anulación, suspensión o finalización del proceso. Ejemplos comunes incluyen las excepciones de incompetencia del juez o la caducidad de la acción judicial.
Expediente: el expediente judicial es el conjunto de documentos que forman parte de un proceso judicial en Colombia. Contiene pruebas, alegatos, decisiones judiciales y otros documentos relevantes. El manejo y la conservación de los expedientes es responsabilidad de los despachos judiciales, y su revisión es fundamental para la correcta administración de justicia en el país.
Garantía: una garantía en derecho colombiano es un compromiso o caución que asegura el cumplimiento de una obligación. Las garantías pueden ser personales, como los fiadores, o reales, como las hipotecas. En contratos de compraventa, arrendamiento y otros actos jurídicos, las garantías ofrecen seguridad tanto al acreedor como al deudor, asegurando que las obligaciones sean cumplidas.
Hipoteca: es un derecho real de garantía que se constituye sobre un bien inmueble (como una casa o un terreno) para asegurar el cumplimiento de una obligación, generalmente el pago de un préstamo o crédito. En términos simples, la hipoteca permite que una entidad, como un banco, conceda un préstamo a una persona o empresa, y en caso de que no se cumpla con el pago, la entidad tiene el derecho de ejecutar la hipoteca, lo que significa que puede vender el inmueble hipotecado para recuperar el dinero prestado.
Honorarios: son la remuneración que recibe un profesional, como un abogado o un contador, por los servicios prestados. En Colombia, los honorarios de los abogados están regulados en función de la complejidad del caso, y pueden ser pactados libremente entre las partes o determinados por tarifas mínimas establecidas por los colegios de abogados o las leyes correspondientes.
Impugnación: es el acto mediante el cual se cuestiona la validez de un acto administrativo o judicial en Colombia. Este proceso permite a las partes afectadas solicitar la revisión o nulidad de decisiones judiciales o administrativas que consideren injustas o contrarias a la ley. La impugnación de sentencias es un derecho esencial en el sistema judicial colombiano para garantizar un proceso justo.
Inconstitucionalidad: en Colombia, la inconstitucionalidad es la condición en la que una norma, ley o acto administrativo contraviene la Constitución Política de 1991. La Corte Constitucional es la encargada de declarar la inconstitucionalidad de las leyes mediante el control constitucional, lo que garantiza que ninguna norma violente los principios constitucionales del Estado colombiano.
Indemnización: es la compensación económica que una persona o entidad debe pagar por el daño o perjuicio que ha causado a otra. En Colombia, este concepto es clave en el derecho civil y laboral, donde las indemnizaciones por daños materiales o morales buscan restablecer el equilibrio entre las partes afectadas, conforme a lo establecido por el Código Civil y el Código Sustantivo del Trabajo.
Ineficacia: se refiere a la falta de efectos legales de un acto o contrato, ya sea porque no cumple con los requisitos legales, porque adolece de un vicio de nulidad o porque no ha sido formalizado correctamente. La ineficacia puede ser absoluta o relativa, y afecta directamente la validez de actos jurídicos. La ineficacia en el derecho colombiano se refiere a la falta de efectos legales de un acto o contrato, ya sea porque no cumple con los requisitos legales, porque adolece de un vicio de nulidad o porque no ha sido formalizado correctamente. La ineficacia puede ser absoluta o relativa, y afecta directamente la validez de actos jurídicos.
Infracción: es una violación de una norma legal que puede tener consecuencias penales, civiles o administrativas. En Colombia, las infracciones abarcan desde delitos penales hasta infracciones de tránsito, y pueden acarrear sanciones como multas, prisión o inhabilitación, dependiendo de la gravedad del acto. El Código Penal regula las infracciones más graves, mientras que los códigos administrativos regulan otras.
Inscripción: La inscripción es el acto formal mediante el cual se registra un derecho, acto o documento en un registro público, como el Registro de Instrumentos Públicos en Colombia. La inscripción otorga publicidad y eficacia jurídica a actos como la compraventa de inmuebles, las hipotecas y otros actos que requieren constancia pública para su validez y oponibilidad frente a terceros.
Interpretación: es el proceso mediante el cual se busca desentrañar el verdadero significado y alcance de una norma jurídica. Los jueces y tribunales interpretan las leyes para aplicarlas correctamente a los casos concretos, y esta tarea es clave para resolver los conflictos legales de acuerdo con los principios constitucionales y legales del país.
Interrogatorio: es una técnica procesal utilizada en los juicios colombianos para obtener información y pruebas. Puede ser practicado tanto en el ámbito penal como civil, y su objetivo es que la parte o testigo responda a preguntas formuladas por los abogados o jueces. Las respuestas dadas bajo juramento en un interrogatorio tienen un peso significativo en la toma de decisiones judiciales.
Juez: es un funcionario público investido de autoridad para impartir justicia, es decir, para interpretar y aplicar las leyes en la resolución de conflictos o controversias que se presentan ante los tribunales. Su función principal es garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos fundamentales de las personas, actuando de manera imparcial, objetiva y basada en los principios del debido proceso.
Jurisdicción: es el poder que tienen los jueces y tribunales en Colombia para conocer y resolver sobre un asunto específico. Existen diferentes tipos de jurisdicciones, como la jurisdicción ordinaria, encargada de asuntos civiles y penales, y la jurisdicción constitucional, a cargo de la Corte Constitucional. El principio de jurisdicción garantiza que cada conflicto sea resuelto por la autoridad competente.
jurisprudencia: es el conjunto de decisiones y sentencias dictadas por los tribunales superiores, especialmente la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que sirven de guía para la interpretación y aplicación de la ley. Aunque no tiene el mismo peso que la ley, la jurisprudencia es una fuente importante del derecho colombiano, y sus precedentes son de obligado cumplimiento en muchos casos.
Justicia: es el principio moral y jurídico que busca la equidad y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Está consagrado en la Constitución como uno de los fines esenciales del Estado y se materializa a través de las decisiones judiciales, que deben garantizar un tratamiento justo e igualitario para todas las partes involucradas en un conflicto legal.
Laudo: es la decisión que emite un árbitro o tribunal arbitral en un proceso de arbitraje. En Colombia, el arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos regulado por el Código de Comercio, y los laudos tienen el mismo efecto que una sentencia judicial, siendo obligatorios para las partes. El laudo arbitral es especialmente utilizado en disputas comerciales y contractuales.
Ley: es una norma de carácter general y obligatorio que emana del poder legislativo en Colombia, es decir, del Congreso de la República. La Constitución Política establece los procedimientos para la creación y promulgación de las leyes, que deben ser sancionadas por el presidente. Las leyes regulan diferentes aspectos de la vida social, económica y política del país, y son una de las principales fuentes del derecho en Colombia.
Licencia: en el derecho colombiano, una licencia es el permiso otorgado por una autoridad para realizar una actividad que, de otro modo, estaría prohibida o regulada. Un ejemplo común es la licencia ambiental, que otorga el Ministerio de Ambiente para la realización de proyectos que impacten el medio ambiente. Las licencias también son frecuentes en el ámbito laboral, donde un trabajador puede solicitar licencia de maternidad o por enfermedad.
Litigio: es una disputa o conflicto legal que se presenta ante los tribunales con el objetivo de obtener una resolución judicial. En el derecho colombiano, el litigio puede involucrar diversos tipos de procedimientos, como los civiles, penales, laborales o administrativos, y se basa en la intervención de jueces que toman decisiones basadas en las pruebas y las normas legales aplicables. Los litigios son la base del sistema judicial, ya que permiten resolver controversias entre partes mediante un juicio imparcial.
Magistrado: en Colombia es como si fuese un juez de alto rango que forma parte de los tribunales superiores, como las Cortes (Suprema, Constitucional y Consejo de Estado). Los magistrados tienen la responsabilidad de revisar y emitir fallos en casos de gran relevancia jurídica, estableciendo precedentes que guían la interpretación de las leyes.
Mediación: es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en Colombia, donde una tercera persona neutral, llamada mediador, ayuda a las partes en disputa a llegar a un acuerdo. Este proceso es menos formal que un juicio y busca solucionar problemas de manera amigable, eficiente y sin la intervención directa de los tribunales. Es ampliamente utilizado en casos familiares, laborales y comunitarios.
Ministerio: es una institución del gobierno colombiano encargada de una función específica dentro del poder ejecutivo, como el Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud o Ministerio de Defensa. Los ministerios son responsables de la implementación de políticas públicas y la regulación de los sectores bajo su competencia. Están dirigidos por ministros, quienes son nombrados por el Presidente de la República.
Mora: se refiere al retraso injustificado en el cumplimiento de una obligación por parte de uno de los contratantes. Este concepto se aplica tanto a obligaciones contractuales como a obligaciones legales y puede afectar a cualquiera de las partes del contrato: el deudor o el acreedor.
Norma: es una regla de conducta impuesta por una autoridad competente, como el Estado, para regular las relaciones entre los individuos y asegurar el orden social. En Colombia, las normas pueden tener diferentes jerarquías, desde la Constitución Política hasta decretos y resoluciones. Estas normas deben ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos, ya que su incumplimiento puede acarrear sanciones.
Notificación: en el derecho colombiano es el acto formal mediante el cual se informa a una persona sobre una decisión judicial o un acto procesal. Es un paso clave en los procedimientos judiciales, ya que garantiza que las partes tengan conocimiento de las actuaciones en su contra o a su favor. Las notificaciones deben realizarse conforme a las formalidades previstas en la ley, para asegurar el derecho al debido proceso.
Obligación: es un vínculo jurídico por el cual una persona está legalmente obligada a realizar una determinada prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer algo. En Colombia, las obligaciones pueden nacer de contratos, la ley o hechos ilícitos, y su incumplimiento puede dar lugar a sanciones o a la ejecución judicial de la obligación.
Oposición: es el acto mediante el cual una persona impugna o rechaza una decisión, acto judicial o solicitud ante una autoridad competente. En el proceso judicial colombiano, la oposición es una herramienta clave que permite a las partes expresar su desacuerdo con una resolución y pedir su revisión.
Peritaje: es un informe técnico elaborado por un experto en una materia específica, que se utiliza como prueba en un proceso judicial. En Colombia, el peritaje es fundamental en casos donde se requiere conocimiento especializado, como los de carácter médico, contable o científico. El juez o tribunal puede solicitar el peritaje para tener claridad sobre aspectos técnicos del caso.
Plazo: es el periodo de tiempo establecido por la ley o por un contrato para realizar una acción o cumplir con una obligación. En el derecho colombiano, los plazos procesales son estrictos y su incumplimiento puede llevar a la pérdida de derechos, como la caducidad de acciones o la preclusión de etapas procesales.
Poder: es la facultad legal que una persona otorga a otra para actuar en su nombre. En el ámbito jurídico colombiano, el poder más común es el poder de representación otorgado a los abogados para que actúen en los tribunales en nombre de sus clientes. Este poder debe ser otorgado por escrito y cumplir con las formalidades requeridas por la ley.
Precedente: es una decisión judicial que establece un criterio interpretativo para resolver futuros casos similares. En Colombia, la jurisprudencia, especialmente de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, crea precedentes que son obligatorios para los jueces en casos análogos, asegurando así la uniformidad en la aplicación de la ley.
Prescripción: es un instituto jurídico por el cual, debido al paso del tiempo, se extingue el derecho a reclamar o ejercer una acción judicial. En el derecho colombiano, la prescripción se aplica tanto en materia civil, penal y laboral, y su propósito es brindar seguridad jurídica, evitando la indefinida prolongación de los litigios.
Prevaricato es un delito cometido por un funcionario público, especialmente jueces o fiscales, al dictar una resolución arbitraria o contraria a la ley. En Colombia, el prevaricato es un acto grave de corrupción que socava la confianza en el sistema judicial y puede ser sancionado con penas severas, incluida la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Principio es una norma o idea fundamental que orienta y sustenta el sistema jurídico. En Colombia, los principios generales del derecho, como la equidad, la buena fe y el debido proceso, son guías esenciales para la interpretación y aplicación de las leyes y la resolución de conflictos judiciales.
Procedimiento es el conjunto de reglas y formalidades que deben seguirse en un proceso judicial. En Colombia, existen diversos procedimientos, dependiendo de la naturaleza del caso (penal, civil, laboral, etc.), y su cumplimiento garantiza el respeto al debido proceso y a los derechos de las partes.
Procurador: en Colombia es el funcionario que representa al Ministerio Público, encargado de defender los intereses del Estado y velar por el cumplimiento de la ley y los derechos fundamentales. La Procuraduría General de la Nación es la institución que lidera la función de control disciplinario sobre los servidores públicos.
Proceso: es el conjunto de actos jurídicos que se realizan ante un tribunal para la resolución de un conflicto o controversia. En Colombia, el proceso judicial garantiza el derecho de las partes a presentar pruebas, argumentos y a recibir una resolución basada en la ley.
Prueba: es cualquier elemento que se presenta en un proceso judicial para demostrar la veracidad o falsedad de un hecho. En Colombia, las pruebas pueden ser documentales, testimoniales, periciales, entre otras, y son esenciales para que el juez o tribunal tome una decisión justa.
Recurso: es un medio legal que permite a una parte inconforme con una decisión judicial impugnarla ante una instancia superior. Existen diversos tipos de recursos, como el de apelación, reposición y casación, cada uno con sus características y finalidades específicas. El objetivo del recurso es garantizar que la decisión inicial sea revisada, buscando corregir errores de fondo o forma. Es una herramienta clave para proteger el debido proceso y el derecho de defensa.
Registro: es un acto formal en el que se inscribe un documento o acto en un sistema legal, como el Registro Civil, el Registro de la Propiedad o el Registro Mercantil. En Colombia, el registro garantiza la publicidad jurídica, es decir, que los actos registrados sean conocidos y oponibles a terceros. La inscripción en registros es fundamental para la validez de ciertos actos, como la compraventa de inmuebles o la constitución de sociedades
Representante: es una persona que actúa en nombre de otra, ya sea en procedimientos legales, comerciales o contractuales. En el contexto legal colombiano, puede ser un apoderado judicial, quien defiende los intereses de su representado en un juicio, o un representante legal, como el de una empresa. La representación se otorga mediante un poder o mandato, y otorga facultades específicas al representante
Resolución: es una decisión formal emitida por una autoridad administrativa o judicial en Colombia. En el ámbito administrativo, las resoluciones son actos unilaterales que pueden imponer obligaciones o derechos a los ciudadanos. En el campo judicial, una resolución puede referirse a decisiones sobre cuestiones procesales o de fondo dentro de un proceso judicial.
Responsabilidad: en el derecho colombiano implica el deber de responder por las consecuencias de los actos u omisiones que ocasionen un daño o incumplimiento. Se distingue entre responsabilidad civil, que obliga a reparar los daños causados a otras personas, y responsabilidad penal, que puede llevar a sanciones privativas de la libertad. También existe la responsabilidad administrativa para funcionarios públicos.
Restitución: se refiere a la devolución de un bien o derecho a su legítimo propietario, en los casos en que haya sido sustraído, perdido o ilegalmente retenido. En derecho civil colombiano, la restitución es común en casos de nulidad de contratos o en procesos de reivindicación de propiedad.
Retracto es el derecho que tienen ciertas personas para deshacer un contrato en determinadas circunstancias, conforme a la ley colombiana. Es común en contratos de compraventa, especialmente en materia inmobiliaria, donde el retracto legal permite al vecino o copropietario adquirir el bien en las mismas condiciones de la venta original. Es un mecanismo protector del equilibrio contractual.
Revocatoria: es la anulación o modificación de un acto administrativo o judicial por la misma autoridad que lo emitió. En Colombia, la revocatoria directa es un mecanismo que permite a los ciudadanos o a la administración pedir la nulidad de un acto administrativo que resulte ilegal. En el ámbito judicial, la revocatoria puede referirse a la suspensión de medidas cautelares o sentencias.
Sanción: es una pena o castigo impuesto por la vulneración de una norma, ya sea legal, administrativa o contractual. Las sanciones pueden ser de naturaleza penal, como la prisión o las multas, o de naturaleza civil, como el pago de daños y perjuicios. También existen sanciones disciplinarias, aplicadas a funcionarios públicos que incumplen sus deberes.
Sentencia o fallo: es la decisión final dictada por un juez o tribunal en un proceso judicial. En Colombia, la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria, dependiendo de si se declara la responsabilidad o inocencia de la parte demandada. Las sentencias son el resultado del análisis de las pruebas y los alegatos presentados por las partes, y son de cumplimiento obligatorio.
Separación: es el fin de la convivencia marital sin que implique la disolución legal del matrimonio. En Colombia, la separación puede ser de cuerpos o de bienes, y en ambos casos, debe ser reconocida por un juez. La separación es un paso previo al divorcio, aunque no necesariamente lo precede.
Solicitud: es una petición formal que se presenta ante una autoridad administrativa o judicial para obtener una respuesta o acción específica. En el derecho colombiano, la solicitud puede ser de diversa índole, como la solicitud de pruebas, solicitud de tutela o una solicitud de derecho de petición.
Subrogación: es la sustitución de una persona en los derechos y obligaciones de otra. En Colombia, este término es común en el ámbito de las obligaciones y los seguros, donde el asegurador que ha pagado una indemnización al asegurado se subroga en los derechos de este último contra el causante del daño.
Testigo: es una persona que declara sobre hechos de los cuales tiene conocimiento en el marco de un proceso judicial. En el derecho colombiano, los testigos pueden ser de vital importancia para esclarecer los hechos y son citados para rendir testimonio ante los jueces o tribunales.
Título: es un documento que acredita un derecho, propiedad o situación jurídica. En Colombia, los títulos pueden ser títulos valores, como las acciones o bonos, o títulos de propiedad, como los que acreditan la titularidad de un bien inmueble.
Tribunal: es un órgano colegiado que tiene la facultad de administrar justicia. En Colombia, los tribunales están organizados por materias y jerarquías, como los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y las Cortes de Justicia, cuya función principal es revisar las decisiones de instancias inferiores.