Servidores Públicos

En el contexto del derecho administrativo colombiano, los servidores públicos son individuos que desempeñan funciones esenciales en las diversas entidades del Estado. Estas personas pueden acceder a sus cargos mediante diferentes modalidades, tales como elección popular, nombramiento, contrato de trabajo u otras formas legales reconocidas. Su labor es crucial para asegurar el buen funcionamiento del aparato estatal y el cumplimiento de sus objetivos.

En Aprende Derecho te mostraremos que, los servidores públicos se clasifican en diferentes categorías según su tipo de vinculación y funciones. Estas categorías incluyen los empleados públicos, quienes acceden a su cargo mediante concursos de méritos; los trabajadores oficiales, que se rigen por el derecho laboral común; y los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que ocupan cargos de confianza o asesoría.

Quienes son Servidores Públicos en Colombia

En Colombia, se consideran servidores públicos a las siguientes personas y grupos, quienes tienen responsabilidades y funciones específicas dentro del aparato estatal:

Miembros de las Corporaciones Públicas

Los miembros de las corporaciones públicas incluyen a aquellos que han sido elegidos por voto popular para desempeñar funciones legislativas y de representación. Estos son:

• Congresistas: Integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, encargados de la elaboración de leyes y el control político del Gobierno.
• Diputados: Miembros de las asambleas departamentales, responsables de legislar a nivel departamental y supervisar la gestión del gobernador.
• Concejales: Miembros de los concejos municipales y distritales, cuya función es legislar en el ámbito municipal, aprobar el presupuesto y ejercer control político sobre los alcaldes.

Empleados del Estado

Los empleados del Estado son aquellas personas que, mediante un nombramiento oficial, ocupan cargos en las diversas entidades del gobierno nacional, departamental y municipal. Se dividen principalmente en:

• Empleados Públicos de Carrera: Aquellos que acceden a sus cargos a través de un concurso de méritos y gozan de estabilidad laboral.
• Empleados de Libre Nombramiento y Remoción: Ocupan cargos de confianza o asesoría y pueden ser nombrados y removidos por la autoridad competente sin necesidad de un concurso de méritos.
• Empleados Temporales: Contratados para desempeñar funciones específicas por un tiempo determinado, generalmente bajo contratos de prestación de servicios.

Trabajadores del Estado

Los trabajadores del Estado se refieren a aquellos que están vinculados laboralmente a entidades públicas mediante contratos de trabajo regulados por el derecho laboral común. Esta categoría incluye a:

• Trabajadores Oficiales: Personas que desempeñan funciones manuales o técnicas en entidades estatales, como empresas industriales y comerciales del Estado y en algunas entidades descentralizadas.

Entidades Descentralizadas Territorialmente y por Servicios

Las entidades descentralizadas territorialmente y por servicios son aquellas que tienen autonomía administrativa, financiera y patrimonial para cumplir con sus funciones específicas. Los servidores públicos en estas entidades incluyen:

• Personal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado: Aquellos que trabajan en empresas que operan en el mercado y que son propiedad del Estado, como las empresas de servicios públicos.
• Empleados de Establecimientos Públicos: Personal que trabaja en entidades con funciones específicas de carácter técnico, administrativo o científico, como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje).
• Funcionarios de Institutos Descentralizados: Incluyen los empleados de institutos y entidades creadas para prestar servicios específicos o ejecutar políticas sectoriales, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Estos servidores públicos tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas y decisiones del gobierno, administrar recursos públicos y asegurar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, todo ello bajo un marco normativo que garantiza transparencia, eficiencia y el beneficio del interés general.

Clasificación de los Servidores Públicos

En Colombia, la clasificación de los servidores públicos, acogida por la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, se divide en dos categorías principales: (i) los empleados públicos y (ii) los trabajadores oficiales. Esta distinción es fundamental para comprender las diferencias en cuanto a su régimen jurídico, condiciones laborales y funciones específicas.

Empleados Públicos: Los empleados públicos son aquellos que desempeñan funciones administrativas en las diversas entidades del Estado y están sujetos a un régimen de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. Esta categoría incluye:

• Carrera Administrativa: Los empleados públicos de carrera acceden a sus cargos mediante concursos de méritos y gozan de estabilidad laboral. Su vinculación está regida por el mérito, la capacidad y la idoneidad profesional. Ejemplos de empleados de carrera incluyen funcionarios de ministerios, departamentos administrativos, y organismos de control.
• Libre Nombramiento y Remoción: Estos empleados son designados directamente por la autoridad competente y pueden ser removidos en cualquier momento. Su nombramiento se basa en criterios de confianza y asesoría. Ejemplos incluyen cargos de nivel directivo y asesor en las diferentes entidades del Estado.

Trabajadores Oficiales: Los trabajadores oficiales son aquellos que desempeñan labores manuales o técnicas en entidades estatales, especialmente en áreas operativas y de servicios. Su relación laboral está regida por el derecho laboral común y por convenciones colectivas de trabajo. Los trabajadores oficiales suelen estar vinculados a:

• Empresas Industriales y Comerciales del Estado: Como empresas de servicios públicos, empresas de transporte, y otras entidades que operan en el mercado y son propiedad del Estado.
• Entidades Descentralizadas: Que requieren personal para funciones operativas, mantenimiento, y producción, tales como el mantenimiento de infraestructura, obras públicas, y servicios generales.

Diferencias Clave entre Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales

1. Régimen Jurídico:
   • Empleados Públicos: Están regidos por normas específicas de la carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. Su régimen jurídico incluye el Estatuto de la Carrera Administrativa y otras leyes y decretos que regulan el empleo público.
   • Trabajadores Oficiales: Están sujetos al derecho laboral común, es decir, al Código Sustantivo del Trabajo y a las convenciones colectivas de trabajo que regulan su relación laboral.
2. Estabilidad Laboral:
   • Empleados Públicos de Carrera: Gozan de estabilidad laboral, ya que solo pueden ser removidos de sus cargos por causales justificadas y siguiendo un debido proceso.
   • Empleados de Libre Nombramiento y Remoción: Pueden ser removidos en cualquier momento sin necesidad de una causa justificada, debido a la naturaleza de confianza de sus cargos.
   • Trabajadores Oficiales: Su estabilidad depende de los términos establecidos en sus contratos de trabajo y en las convenciones colectivas. Tienen mayor protección laboral en comparación con los empleados de libre nombramiento y remoción.
3. Acceso al Cargo:
   • Empleados Públicos de Carrera: Acceden a sus cargos mediante concursos de méritos, basados en evaluaciones de competencias, conocimientos y experiencia.
   • Empleados de Libre Nombramiento y Remoción: Son designados directamente por las autoridades competentes sin necesidad de un proceso de selección abierto.
   • Trabajadores Oficiales: Su contratación se realiza a través de procesos de selección establecidos por las normas laborales y las políticas de la entidad empleadora, que pueden incluir convocatorias abiertas o procesos internos.
4. Funciones:
   • Empleados Públicos: Desempeñan funciones administrativas, de gestión, asesoría y dirección en las diversas entidades del Estado.
   • Trabajadores Oficiales: Realizan labores técnicas, manuales y operativas, esenciales para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades públicas y la prestación de servicios.

Esta clasificación es esencial para entender el funcionamiento del sector público en Colombia y las diferentes normativas que regulan a los servidores públicos, asegurando así una administración eficiente y justa.

¿Qué entidades investigan a los servidores Públicos en Colombia?

En Colombia, existen diversas entidades encargadas de investigar a los servidores públicos para garantizar la transparencia, la legalidad y la ética en el ejercicio de sus funciones. Estas entidades operan bajo diferentes marcos legales y tienen competencias específicas para asegurar la rendición de cuentas y sancionar conductas indebidas. Las principales entidades que investigan a los servidores públicos en Colombia son:

Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación es el organismo encargado de ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos, incluyendo aquellos de elección popular, empleados y trabajadores del Estado, y miembros de las entidades descentralizadas. Sus funciones principales incluyen:

• Investigación Disciplinaria: La Procuraduría puede iniciar, adelantar y concluir investigaciones disciplinarias por faltas en el ejercicio de las funciones públicas.
• Imposición de Sanciones: Tiene la facultad de imponer sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
• Vigilancia Preventiva: Realiza labores de vigilancia y control preventivo para evitar la comisión de faltas disciplinarias.

Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República es la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre los recursos y bienes del Estado. Sus principales funciones relacionadas con la investigación de servidores públicos incluyen:

• Auditorías y Control Fiscal: Realiza auditorías y evaluaciones del uso y manejo de los recursos públicos, detectando posibles irregularidades.
• Investigación Fiscal: Puede iniciar investigaciones fiscales cuando detecta manejos inadecuados de los recursos públicos, y tiene la potestad de imponer sanciones económicas y ordenar la restitución de recursos.
• Responsabilidad Fiscal: Determina la responsabilidad de los servidores públicos en casos de detrimento patrimonial y puede exigir la reparación del daño causado al Estado.

Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de la investigación y persecución de delitos. En el contexto de los servidores públicos, sus funciones principales incluyen:

• Investigación Penal: La Fiscalía investiga y procesa a servidores públicos por la comisión de delitos, tales como corrupción, prevaricato, peculado y otros delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.
• Acusación y Juicio: Puede presentar acusaciones formales ante los jueces y llevar a juicio a los servidores públicos implicados en conductas delictivas.
• Medidas Cautelares: Tiene la facultad de solicitar medidas cautelares como la suspensión del cargo o la captura del servidor público investigado.

Veedurías Ciudadanas y Comisiones de Control

Adicionalmente, existen mecanismos de control ciudadano y comisiones especiales que también juegan un papel importante en la supervisión de los servidores públicos:

• Veedurías Ciudadanas: Grupos organizados de ciudadanos que vigilan la gestión pública y pueden denunciar irregularidades ante las autoridades competentes.
• Comisiones de Control del Congreso: Comisiones específicas del Congreso de la República que ejercen control político sobre los actos del gobierno y los servidores públicos, y pueden adelantar investigaciones en casos de interés público.

Estas entidades y mecanismos trabajan en conjunto para garantizar que los servidores públicos actúen conforme a la ley y los principios éticos, promoviendo una administración pública transparente y eficiente en Colombia.

Sanciones para los Servidores Públicos en Colombia

En Colombia, los servidores públicos pueden ser sujetos a diversas sanciones dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas y del marco normativo bajo el cual se les investiga. Las sanciones se clasifican principalmente en tres categorías: disciplinarias, fiscales y penales. Cada tipo de sanción es impuesta por una entidad competente que se encarga de investigar y juzgar las conductas irregulares.

Sanciones Disciplinarias

Impuestas por la Procuraduría General de la Nación, estas sanciones buscan corregir y sancionar conductas contrarias a los deberes y obligaciones de los servidores públicos. Las sanciones disciplinarias incluyen:

• Amonestación: Es la sanción menos severa y consiste en un llamado de atención por escrito al servidor público, sin consecuencias mayores.
• Suspensión: Implica la separación temporal del cargo, con o sin derecho a remuneración, dependiendo de la gravedad de la falta.
• Multa: Consiste en una sanción económica que el servidor público debe pagar como consecuencia de su conducta irregular.
• Destitución: Es la separación definitiva del cargo. Este tipo de sanción también puede ir acompañada de inhabilidades para ejercer funciones públicas por un periodo determinado o de manera permanente.
• Inhabilidad: La prohibición temporal o definitiva para ocupar cargos públicos, impuesta cuando la falta cometida es de una gravedad considerable.

Sanciones Fiscales

La Contraloría General de la República es la encargada de imponer sanciones fiscales a los servidores públicos responsables de la administración y manejo de recursos del Estado. Las sanciones fiscales buscan resarcir el daño económico causado al patrimonio público. Incluyen:

• Responsabilidad Fiscal: Implica la obligación de restituir los recursos públicos mal utilizados o perdidos debido a la gestión inadecuada del servidor público.
• Multas Económicas: Sanciones monetarias adicionales que deben ser pagadas por el servidor público responsable de irregularidades en el manejo de los recursos.
• Embargo de Bienes: En casos donde el servidor público no cumpla con la restitución de recursos, la Contraloría puede ordenar el embargo de bienes para recuperar el patrimonio del Estado.

Sanciones Penales

La Fiscalía General de la Nación investiga y sanciona penalmente a los servidores públicos que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones penales pueden ser:

• Privación de la Libertad: Penas de prisión que varían según la gravedad del delito cometido, como corrupción, peculado, cohecho, prevaricato, entre otros.
• Multas Penales: Sanciones económicas impuestas en el marco de una condena penal.
• Inhabilitación para el Ejercicio de Derechos y Funciones Públicas: Adicionalmente a la pena de prisión, puede imponerse la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo determinado o de manera definitiva.
• Confiscación de Bienes: En casos de enriquecimiento ilícito o malversación de fondos, los bienes obtenidos de manera ilegal pueden ser confiscados.

Otras Sanciones

Además de las sanciones mencionadas, existen otros tipos de sanciones que pueden ser impuestas por diferentes autoridades, tales como:

• Sanciones Administrativas: Impuestas por la entidad a la que pertenece el servidor público, como resultado de procedimientos internos por incumplimiento de normas y reglamentos específicos.
• Sanciones Éticas: En algunos casos, los servidores públicos pueden ser sancionados por violaciones a códigos de ética profesional, lo que puede implicar la expulsión de asociaciones profesionales o la pérdida de licencias profesionales.

Estas sanciones buscan no solo castigar conductas indebidas, sino también prevenir futuras irregularidades y promover una gestión pública ética y transparente en Colombia.

Conclusión

Los servidores públicos en Colombia desempeñan un papel crucial en la implementación de políticas públicas, la administración de recursos y la prestación de servicios a la ciudadanía. La clasificación en empleados públicos y trabajadores oficiales permite una organización eficiente y adecuada de las diversas funciones y responsabilidades que requiere el aparato estatal. Entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación garantizan la vigilancia y control sobre sus actuaciones, asegurando que se mantengan dentro del marco de la legalidad y la ética.